En 15 años se debe consolidar el desarrollo con Enfoque Territorial, la reincorporación política, la sustitución de cultivos y la verdad justicia y reparación.

Bogotá D.C. junio 26 de 2018. – En el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, la Organización de Estados Iberoamericanos-OEI, hizo entrega al presidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia, del Informe Técnico sobre los avances del Acuerdo de Paz.

Cepeda Sarabia manifestó que han estado recorriendo al país con los Encuentros Regionales por la Reconciliación, para compartir con las comunidades, especialmente con las víctimas, todas las inquietudes sobre la implementación de los Acuerdos. El Presidente del Senado hizo referencia a la importancia de reglamentar la JEP, para que se evidencien los avances en la implementación de los Acuerdos.

Por su parte el director de la OEI Ángel Martin Peccis expresó “yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad ya que desde la academia lo que se ha visto es que puede dar un primer paso, para que este país camine hacia la reconciliación, que los desmovilizados se reincorporen, que las víctimas se han atendidas y que el resto de los colombianos puedan empujar una institucionalidad en todo el país para que llegue el estado social de derecho a todos los colombianos”

Avances a 2017:

Entre los avances está el proceso de dejación de armas y desvinculación de combatientes, realizado según lo pactado con el acompañamiento de la comunidad internacional.

Inicio del proceso de reincorporación, creación del Fondo de Tierras para la Reforma rural Integral, expedición del Estatuto de oposición, proceso Legislativo Fast-Track

Igualmente, la realización del evento de ampliación con organizaciones de víctimas y víctimas, incluyendo las que no hacen parte de las instancias de participación de la Ley 1448 de 2011, realizado en noviembre de 2017.

Se espera un avance significativo a 15 años en el proceso de construcción y concertación desde los núcleos veredales del programa de desarrollo con enfoque territorial, esenciales en los planes de transformación regional.

Así mismo la reincorporación política por medio de la conformación del partido político Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común (FARC), y su representación en el próximo Congreso de la República que posesionará el 20 de julio. Además, se tiene previsto la puesta en marcha del Programa nacional Integral de sustitución de Cultivos Ilicitos(PNIS). Del mismo modo la promulgación de la Ley Estatutaria de la JEP, como mecanismo para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto.

Retos a 15 años de Implementación:

Formalización y entrega gratuita de unos 10 millones de hectáreas de tierras, para ellos es necesario de tierras de las subcuentas del Fondo de Tierras.

Fortalecimiento del proceso de reincorporación a largo plazo a través del desarrollo y financiamiento de proyectos productivos.

Incorporación efectiva de los enfoques diferenciales en el proceso de implementación de los compromisos adquiridos por las partes, más allá de los desarrollos normativos existentes. Consolidación del estatuto de oposición con herramientas para el fortalecimiento del sistema político democrático en Colombia.

Tareas pendientes en la implementación de los Acuerdos de Paz a diciembre de 2017:

Según el informe, está pendiente impulsar los programas de desarrollo con enfoque territorial(PDET), fortalecer las garantías para la participación efectiva de los pueblos étnicos, las mujeres y la comunidad LGTBI.

De la misma manera, establecer mecanismos efectivos para para garantizar un proceso ágil y eficiente de la reincorporación económica y social de los excombatientes de la FARC, impulsar la formulación de la estrategia específica integral de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico, instar a las instituciones pendientes para llevar a cabo el proceso especial de aportes y rendición de información sobre personas dadas por desaparecidas.

También dar cabida a los desarrollos normativos prioritarios contemplados en materia de participación política de reparación integral de las víctimas del conflicto y de la reglamentación de la JEP.

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